Vivimos en una era de redes interconectadas a millones de base de datos por todo el mundo, donde se guarda información tanto de personas físicas como de instituciones de toda índole: ya sea información financiera, tributaria, identificación personal, o la clase de información secreta de la que depende la seguridad de un País. La información que se maneja en los millones de base data se encuentran en riesgo al ser manipuladas por las manos equivocadas, y es allí donde un sistema jurídico debe de brindar una adecuada protección basada en leyes semejantes a la realidad.
Existe una amenaza latente de individuos desvelados con el afán de romper sistemas informáticos de seguridad, tratando de acceder a una base de datos ya sea pública o privada, con fines no siempre lucrativos, pero nada legales.
La humanidad no está frente al peligro de la informática, sino frente a la posibilidad real de individuos o grupos sin escrúpulos, con aspiraciones de obtener el poder que la información puede conferirles, la utilicen para satisfacer sus propios intereses, a expensas de las libertades individuales y en detrimento de las personas. Así mismo, la amenaza futura será directamente proporcional a los adelantos de las tecnologías informáticas.
El desarrollo tan amplio de las tecnologías ofrece un aspecto negativo, ha abierto la puerta a conductas antisociales y delictivas que se manifiestan de formas que hasta ahora no era posible imaginar. Los sistemas de computadoras ofrecen oportunidades nuevas y sumamente complicadas de infringir la ley, y han creado la posibilidad de cometer delitos de tipo tradicional en formas no tradicionales.
En los últimos tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado de manera benéfica los avances derivados de las tecnología en diversas actividades, sin embargo, es necesario que se atiendan y regulen las cada vez más frecuentes consecuencias del uso indebido de computadoras y los sistemas informáticos en general.
Según el estudio realizado en el año 1999 por la information societyindex, (índice de la sociedad de información) las estadísticas mostraban que el 75% de los peruanos nunca habían usado computadora , que tan solo el 5% de los internautas se encontraban en Latinoamérica (EE.UU 57%, Asia 20 %, Europa 16%, África y medio oriente 1% cada uno), y que tal solo el 7% de personas en nuestro país poseía una computadora en casa (EE.UU. 65%, América Latina 16%)[1]
Sin embargo esto ha ido cambiando con el tiempo, tal es así que observamos que en el año de 1998 de cada 100 habitantes solo el 1.81 tiene computadora[2].
Según el último estudio presentado el 2007 por la fundación telefónica se aprecia que el 17% de la población peruana es usuaria de internet, este rápido incremento tiene como factor explicativo a las cabinas de internet que bajo a precio, a cualquier hora y en todas las ciudades permiten la conexión. Si bien es cierto las estadísticas mostradas no bastan para determinar la necesidad de protección penal, sin embargo su merecimiento no debe ser efectuado únicamente desde una óptica cuantitativa, si no que la cuestión debe de ser abordada además atendiendo a la importancia cualitativa del interés propuesto, solo basta preguntarse ¿qué campo de la vida social no ha sucumbido al fenómeno informático? La respuesta es evidente: Ninguno.
Sin duda, responder a la cuestión de si el interés social “Información” se encuentra necesitada de protección penal es en extremo delicado, a pesar de ello trataremos de esbozar una respuesta.
La necesidad de tutela penal habrá de calificarse en atención a la eficacia de los demás medios de control social, en efecto, un interés social requerirá de protección en sede penal cuando los demás medios con los que disponen las otras ramas de Derecho hayan fracasado.
Al respecto cabe mencionar que el derecho fundamental a la información protegido por nuestra constitución como lo mencionara más adelante.
[1] Datos estadísticos extraídos de “El espejo de las Américas. El desafío de competir en la era digital” en el diario “El comercio” sección de “The Wall StreeJournalAmerica” , edición del 27 /09/1999.
[2] Los datos corresponden a la Unión Internacional de telecomunicaciones (ITU) “WorldTelcommunicationDevelopmenReport 1999”, Publicado por el Banco Mundial en el WorldDevelopmenIndicators 2000”
